La Generalitat quiere hacer cumplir el aislamiento en el Segrià y el gobierno español también se puso a su lado en la pugna judicial , pero su intención se redujo en indicaciones que, si no se cumplen, tampoco se pueden sancionar. La decisión de la juez de guardia de Lleida de rechazar el confinamiento domiciliario porque «es una competencia estatal» dejó la capital del Segrià en un escenario muy alejado del deseado por el Gobierno, que, por ejemplo, vio como las cafeterías y los bares abrían. La resolución del aislamiento en casa decía que «se suspendían las actividades de hostelería y restauración», pero como la juez la anuló, no se siguió.
Ante la negativa del juzgado de Lleida, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguró que no acataba la decisión: «No estamos de acuerdo, no lo aceptamos», y pidió a la ciudadanía que sigue igualmente la endurecimiento de las medidas. Sin embargo, debido a la imposibilidad de multar la apertura de los locales de restauración, Torra anunció que se haría un decreto ley.
Con el decreto ley, que el consejo ejecutivo catalán aprobó el lunes por la noche en una sesión extraordinaria, se ha modificado la ley 18/2009 de salud pública para que en situaciones de pandemia o epidemia se pueda limitar la actividad o el desplazamiento de personas o la prestación de servicios. Para aplicar las restricciones habrá un informe de las autoridades sanitarias que acredite el riesgo de contagio y las medidas que se deben adoptar -que no pueden ser superiores a 15 días salvo que se justifique pueden graduarse en función del evolución.
Por tanto, el Gobierno hará este martes una nueva resolución para el Segrià para volver a pedir el confinamiento domiciliario una vez modificada la ley, y se llevará de nuevo al juzgado contencioso administrativo de Lleida. Según la Generalitat, se ha «reforzado la seguridad jurídica» aunque, añade, en el confinamiento de la cuenca de Òdena ni en otros supuestos en el Estado «ningún juez lo ha requerido».
Descartado el estado de alarma
Pero tampoco está garantizado que la nueva resolución prospere porque la Fiscalía de Lleida, que ya pidió anular el anterior, dijo -antes de que se reuniera el consejo ejecutivo catalán- que el decreto ley también es «ilegal». El ministerio público alegó que el artículo 86 de la Constitución y 64 del Estatuto recogen que no se pueden regular por decreto ley los derechos fundamentales, como el de libre circulación, y recordó que se puede recurrir al Tribunal constitucional. En cambio, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que la Generalitat «tiene los instrumentos para actuar y controlar el brote». Aunque la juez de Lleida emplazaba Torra a pedir al gobierno español la declaración de estado de alarma para el Segrià, fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez descartaban aplicarlo.
