El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación

La norma garantiza una financiación pública de la I+D+i estable y creciente, con el objetivo de que en 2030 alcance el 1,25% del Producto Interior Bruto. Además, el Ejecutivo ha aprobado la primera ley estatal sobre los derechos de los animales, que persigue poner fin al maltrato, el abandono y determinadas prácticas consideradas crueles.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley por el que se reforma la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que dota de más recursos, derechos y estabilidad al personal de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha afirmado que es un texto transformador, que cumple con las demandas de la comunidad científica: dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores y garantizar una financiación pública creciente y estable en I+D+i.

La futura ley, según ha avanzado la ministra, dota a las personas que investigan e innovan de más derechos y de un horizonte de estabilidad en sus carreras. Además, reduce las cargas administrativas, combate la brecha de género, incentiva la transferencia del conocimiento a la sociedad y a las empresas, y establece un sistema de gobernanza más ágil, participativo y abierto a todos los territorios. La norma contempla la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretará en un año.

Novedades de la ley

El texto incorpora el compromiso por ley de alcanzar una financiación pública en I+D+i del 1,25% del PIB en 2030, que, con el apoyo del sector privado, permitirá llegar al 3% que establece la Unión Europea. La ministra ha subrayado que el sistema se blinda para el futuro porque el Gobierno ya está cumpliendo con ese objetivo.

La norma introduce reformas dirigidas a reducir la precariedad, dar estabilidad a los investigadores y atraer talento. Con este fin se crea una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas. Diana Morant ha explicado que el personal científico se considerará como esencial y prioritario, y tendrá tasas de reposición expansivas.

En este sentido, la ministra ha recordado que el Gobierno aprobó la mayor oferta pública de empleo de los últimos 15 años para este colectivo, que ha pasado de tasas de reposición cero a tasas del 120%: «Las nuevas convocatorias permitirán que en los próximos tres años incorporemos de manera estable a 12.000 personas al sistema público de ciencia».

Morant también ha destacado que la ley plantea un nuevo contrato de hasta seis años para los investigadores postdoctorales, con una evaluación intermedia y otra final que les permita obtener el nuevo certificado R3. Este certificado favorecerá la consolidación de una plaza pública porque se reserva un mínimo del 25% de ellas en los organismos públicos de investigación y del 15% en universidades a estos investigadores.

La norma establece que se evaluarán y reconocerán por primera vez los méritos de investigación realizados en el sector público y en cualquier universidad, tanto de España como del extranjero. Además, el texto recoge la figura de tecnólogo.

Diana Morant ha añadido que se reconoce como personal investigador sanitario a aquel que dedica el 50% de su tiempo a la investigación en hospitales y centros de salud.

Por otra parte, el texto da seguridad jurídica a la igualdad de género. El compromiso con la igualdad será exigido, fomentado y recompensado con un distintivo especial para los centros de investigación e innovación de universidades. «Queremos una ciencia de excelencia, y no hay excelencia científica si no garantizamos la no discriminación por cuestión de género», ha dicho la ministra.

Asimismo, la ley garantiza que las mujeres y los hombres dispongan de permisos por excedencia y que ese periodo no les penalice cuando se evalúen sus méritos.

La titular de Ciencia e Innovación ha añadido que la reforma está alineada con el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, define la ciencia como un bien común e integra en la I+D+i los valores de la ética, la integridad, la participación ciudadana y la igualdad. «Es la ley que España necesita para transformarse en un país más próspero, justo y verde, a través de un progreso colectivo asentado en el conocimiento y la innovación», ha concluido.

Fuente: Moncloa

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