El Rey Emerito, Juan Carlos I, ha realizado un pago voluntario a la Agencia Tributaria por un total de 678.393,72 €, según un comunicado difundido por los abogados del ex monarca. Este pago tiene como objeto regularizar su situación con el fisco español y evitar la imputación de delitos fiscales en relación al uso de unas tarjetas black con las que abonó regalos y viajes a diversos miembros de su familia.
El anuncio del pago sigue a la noticia a principios de esta semana de que el ex rey había presentado una nueva declaración a la oficina de impuestos española, en un intento de poner en orden su situación financiera. La noticia fue reportada por primera vez el domingo por el diario El País. La nueva declaración fue voluntaria y también fue presentada por el abogado del ex monarca.
Solo el mes pasado, el fiscal general de España había dado instrucciones a los fiscales del Tribunal Supremo de investigar un nuevo caso relacionado con Juan Carlos, que anteriormente había sido manejado por la oficina anticorrupción . La investigación se refiere al uso de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias que supuestamente no están a su nombre y con dinero procedente de fuera de España.
Juan Carlos ya estaba siendo investigado por el Tribunal Supremo por supuestamente recibir comisiones a cambio de interceder para que un consorcio español ganara un contrato para construir un enlace de tren de alta velocidad con la ciudad de La Meca , en Arabia Saudí .
El diario El País informó que el fisco español estaba analizando la nueva declaración y decidiría en los próximos días si necesitaba más información y qué medidas tomar.
Según ElDiario.es, que el mes pasado dio a conocer la noticia sobre las supuestas irregularidades en las tarjetas de crédito, la actividad se llevó a cabo ‘al menos de 2016 a 2018’, es decir, después de que Juan Carlos perdiera su inmunidad como jefe de Estado tras abdicar en 2014 . Otras dos personas han sido vinculadas a la investigación: un empresario mexicano y un oficial de la Guardia Civil español .
Si bien la Constitución española establece que un rey no puede ser juzgado de ninguna manera, la abdicación de Juan Carlos a favor de su hijo, Felipe VI , en junio de 2014 aparentemente puso fin a su inmunidad.
