Darias reafirma el compromiso del Gobierno de España para poner fin en 2030 a la epidemia de sida como amenaza para la salud pública

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado que en el año 2030 el 95% de personas con sida deberán estar diagnosticadas, en tratamiento y con una carga viral indetectable.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reafirmado el compromiso, expresado por el Gobierno de España y la comunidad internacional, de poner fin a la epidemia de sida como amenaza para la salud pública en 2030.

Darias ha presidido el acto virtual de firma del convenio de colaboración entre la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de acciones en el marco del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH.

La ministra ha recordado que para llegar al objetivo de 2030, se deberán cumplir los objetivos ’95-95-95′ de ONUSIDA; es decir, que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas, que el 95% estén en tratamiento y, al menos, el 95% con carga viral indetectable; retos a los que, ha hecho hincapié Darias, habría que añadir el cuarto ’95’ para que las personas tengan una buena calidad de vida y ‘cero discriminación’.

Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH

La ministra de Sanidad ha valorado asimismo el convenio rubricado esta mañana como un reflejo de la vocación inequívoca del Ministerio y del Gobierno de España por la protección de la salud, el respeto a los derechos humanos y por el trabajo conjunto y articulado desde diversos sectores implicados en la respuesta frente al VIH y con una amplia participación de la ciudadanía y las personas afectadas.

Se trata de un paso adelante en el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH, cuyo objetivo es eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al sida, garantizando la igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación, el respeto de los derechos humanos y la diversidad de las personas afectadas.

La materialización de este pacto, ha recordado Darias, supuso el cumplimiento de un compromiso del Gobierno de España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa.

“Sabemos que tenemos por delante un importante camino que recorrer para poner fin al estigma y la discriminación, y conseguir mejorar la calidad de vida de las personas con el VIH”, ha subrayado Carolina Darias, quien también ha incidido en el impacto que la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 ha tenido entre las poblaciones más vulnerables y en los servicios de atención.

En este sentido, la ministra de Sanidad ha alertado sobre la estrecha relación existente entre las desigualdades y la discriminación. “Las formas de discriminación pueden conducir a una amplia gama de desigualdades y las propias desigualdades también pueden dar lugar a la estigmatización y la discriminación”, ha señalado.

Por su parte, la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio ha asegurado que la materialización del Pacto Social ha supuesto un importante avance en la protección de los derechos de las personas con el VIH frente a la discriminación.

Una de las claves del éxito para su implementación, ha abundado, son las alianzas y sinergias que se han establecido con distintos sectores como la Administración General del Estado (AGE), las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, ONG, sociedades científicas, sindicatos, empleadores, medios de comunicación o universidades, entre otros, que tienen una implicación fundamental en su desarrollo.

Convenio de colaboración

El convenio suscrito tiene una vigencia de cuatro años y supone un paso más en el trabajo coordinado para alcanzar los objetivos comunes enmarcados en el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH. El acto ha contado con la presencia de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio; la directora del Plan Nacional sobre el Sida, Julia del Amo; el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Alcalá, Francisco Javier de la Mata; y el presidente de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida, Ramón Espacio.

Gracias a este convenio, se realizará un análisis de las normas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico español a nivel estatal, autonómico y municipal, que discriminan o limitan los derechos de las personas con el VIH. Asimismo, se realizarán estudios que permitan conocer tanto las actitudes de la población española hacia las personas afectadas por el VIH, como la percepción de las situaciones de estigma y discriminación en las personas con el VIH.

También se desarrollarán acciones para sensibilizar y formar a los profesionales de los recursos sociales, sanitarios, jurídicos y educativos para favorecer el trato igualitario y el abordaje de las necesidades específicas de todas las personas con el VIH.

En esta misma línea, se pondrán en marcha acciones y campañas de sensibilización con información correcta y actualizada encaminada a corregir creencias erróneas sobre el VIH, sus vías de transmisión y formas de prevención.

Del mismo modo, se realizarán investigaciones dirigidas a profundizar en las necesidades de carácter laboral de las personas afectadas por el VIH y se elaborarán materiales encaminados a que las personas con el VIH conozcan sus derechos y los mecanismos legales, tanto de protección como de denuncia, ante potenciales situaciones de discriminación.

Fuente: Moncloa

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