Hungría y Polonia bloquean la puesta en marcha del fondo europeo de recuperación por su vinculación con el estado de derecho. Tal como habían avisado desde hacía semanas, ambos gobiernos vetaron ayer una de las piezas clave para poner en marcha las ayudas especiales para afrontar la crisis de la Covid-19. Un movimiento que amenaza con retrasar aún más la lluvia de dinero europeo que, hasta ahora, se esperaba para mediados 2021.
En concreto, Budapest y Varsovia se oponen al aumento de los recursos propios de la Unión Europea (UE) necesario para emitir la deuda que permitirá financiar el plan. No lo hicieron porque estén en contra realmente, sino porque rechazan que el fondo de recuperación se vincule al respeto por el estado de derecho.
La Eurocámara y los estados acordaron hace un par de semanas la inclusión de esta condicionalidad al paquete económico. Esta decisión se puede ratificar con una mayoría cualificada de los 27 países miembros de la UE. En cambio, la modificación de los recursos propios requiere el visto bueno unánime de todos los socios. Por ello, los gobiernos húngaro y polaco han vetado esta pieza clave del paquete anticrisis. «Hungría lo ha vetado, como ya advirtió el primer ministro Viktor Orbán, porque no podemos apoyar el plan en su forma actual», aseguró ayer su portavoz, Zoltan Kovacs, para quien el plan económico que hay sobre la mesa es «contrario» al acuerdo político de los líderes europeos del julio.
De hecho, los 27 pudieron llegar a un pacto en verano porque se eliminó la cláusula de estado de derecho. En las posteriores negociaciones para concretar los detalles del instrumento, la eurocámara y los estados han colado un mecanismo menos estricto, pero que tampoco ha gustado a Polonia y Hungría. Aprovechando la segunda ola de la pandemia, estos dos socios presionan ahora para eliminar o rebajar las exigencias sobre el estado de derecho.
La UE se encamina hacia una nueva crisis si no supera pronto este escollo. El jueves los líderes europeos prevén reunirse por videoconferencia para hablar sobre la Covidien-19, pero, viendo las dificultades para activar el fondo de recuperación, podrían debatir esta cuestión para desatascar su aprobación definitiva.
Hasta que las capitales no certifiquen el aumento de los recursos propios, no se podrá enviar a los parlamentos de los estados para su aprobación, un paso que tardará unos tres meses y que también es imprescindible para la puesta en marcha del fondo.
Hasta ahora calculaban que la ratificación parlamentaria estaría lista en junio y que la Comisión empezaría a emitir bonos para financiar el fondo del verano del 2021. Por lo tanto, confiaban en que las ayudas europeas llegarían la segunda mitad del año próximo. Gobiernos como el de Pedro Sánchez cuentan con ese dinero para sus presupuestos del 2021, pero el enfado de ayer de Polonia y Hungría podría hacer saltar por los aires estos planes.
Por ello, en Bruselas ven con preocupación la actitud de los socios del este. El eurocomisario de Presupuesto, Johannes Hahn, los reclamó ayer que «asuman responsabilidad política» para desbloquear las ayudas. «No es una cuestión de ideologías, sino de ayudar a los ciudadanos en la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial.»
