Un intenso tira y afloja entre el gobierno español y los agentes sociales culminó finalmente en el decreto ley que regula el teletrabajo, que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Esta norma urgía mucho, especialmente por el contexto generado por la pandemia de Covid-19, que exigía una regulación para una modalidad laboral cada vez más extendida.
El documento prevé que el trabajador pueda acogerse a la fórmula del teletrabajo de manera voluntaria y reversible a través de un acuerdo con la empresa, que deberá sufragar los gastos relacionados con los equipos, las herramientas y los medios para llevar a cabo su actividad, así como su mantenimiento. Además, los empleados deberán tener los mismos derechos y obligaciones que el resto de la plantilla que trabaje presencialmente. Tampoco se les podrá despedir por «falta de adaptación».
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ocultó su satisfacción y aseguró que la nueva norma supondrá «un cambio de paradigma en las relaciones laborales, después de lo que, definió,» ha sido la negociación más difícil y más compleja » .
El texto aprobado ayer prevé que para que un trabajador pueda acogerse a la normativa del teletrabajo deberá hacerlo como mínimo en un 30% de su jornada laboral durante un periodo de tres meses o el porcentaje equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. Esto supone, en la práctica, al menos dos días a la semana de teletrabajo.
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Negociación colectiva
El decreto ley norma también refuerza el papel de la negociación colectiva, a través de convenios y acuerdos que determinarán condiciones y aspectos como el derecho a la desconexión, la flexibilidad horaria y la reversibilidad del teletrabajo. La negociación también establecerá como se compensarán los gastos derivados.
Se regula también el derecho al registro horario adecuado, que deberá incluir el inicio y la finalización de la jornada, y el derecho a la prevención de riesgos laborales. Por otra parte, la utilización de medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante dispositivos tecnológicos garantizará «el derecho a la intimidad» y la protección de datos, así como el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral. El decreto prevé, en una disposición adicional, la prórroga del plan Mecuida, que continuará vigente hasta el 31 de enero de 2021.
El caso de los funcionarios
Por otro lado, junto al ámbito privado, el gobierno español también tiene un acuerdo para regular el trabajo a distancia a la administración pública, que irá al próximo Consejo de Ministros y que en Cataluña ya dispone de una normativa específica aprobada por la Generalitat. En el Estado habrá también una regulación particular también pactada. Hasta que se apruebe la nueva normativa, el personal de la administración pública se regirá por el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores.
